Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas
Comisión de Epidemiología
Alerta Epidemiológica No 191
Numero Extraordinario
18 de junio de 2011
Criminalización de los actos profesionales de los médicos indigna
Saúl O. Peña
José Félix Oletta L
Ana C. Carvajal
I. Imputados 5 médicos de clínica privada en Aragua por homicidio intencional
Tras finalizar la audiencia preliminar de los médicos de la Clínica Las Delicias detenidos por la muerte de un hombre el pasado martes, la Fiscalía octava de control del estado Aragua anunció este viernes que los 5 implicados quedan imputados de homicidio intencional en grado de dolo eventual y determinó que serán trasladados a cuartelito, donde tendrán 30 días para apelar, según lo informó el abogado defensor de los acusados, José Rincón.
Se pudo conocer que el paciente había sido llevado previamente a dos centros asistenciales diferentes; primero al Hospital Militar de Maracay y posteriormente al Ambulatorio del norte para finalmente ser trasladado a esta clínica.
Según declaró el presidente del Colegio de Médicos de Aragua, Ángel Sarmiento, el paciente tenía un cuadro diagnóstico bastante avanzado. "Era grave, lo que los anestesiólogos denominan ASA-4 lo que significa un paciente que está moribundo que si no se le resuelve la problemática próximamente, fallece. El riesgo de fallecer en la inducción anestésica cuando es llevado a pabellón es de 90%", explicó.
Asimismo aseguró que se ha tergiversado la información en cuanto a este caso y aclaró que "no fue por mala praxis o por que le hubiesen negado la clave, falleció por la patología de base que él traía y las horas de evolución del cuadro, no por las horas durante las que fue atendido en este centro privado", destacó Sarmiento.
Más temprano
Médicos de Aragua fueron este viernes hasta la sede del Palacio de Justicia de la entidad y se manifestaron en repudio de la detención de 5 galenos que trabajan en la Las Delicias, donde un hombre falleció, presuntamente por no recibir la clave de su seguro.
II. Comentarios
En nuestro país hemos entrado en un peligroso y oscuro callejón de politización de la justicia y criminalización profesional; tortuoso camino que ha permitido la persecución expedita de personas e instituciones, por emitir sus opiniones, manifestar sus ideas, protestar, ejercer sus derechos fundamentales o ejercer sus tareas profesionales. Algunos gremios, profesiones y grupos han sido perseguidos por este brazo político ¨judicial¨ que pretende imponer a como de lugar la lógica del castigo ejemplarizante y desproporcionado. Causas que eran decididas en el ámbito del derecho civil, administrativo o mercantil, pasaron a engrosar un cúmulo importante de acusaciones de la fiscalía general ahora torcidamente calificadas en el código penal; comunicadores sociales, militares, banqueros, administradores, constructores, ingenieros, arquitectos y otros profesionales han sufrido las consecuencias de esta inícua conducta. Mientras tanto, y en forma paradójica pero no sorprendente, presenciamos la inacción de la justicia ¨revolucionaria¨ en situaciones delictivas graves, aberrantes, públicas y notorias cometidas por personas o grupos vinculados en alguna forma con el régimen político que gobierna en el país. En este caso los delitos quedan en su gran mayoría impunes.
Ahora le tocó el turno a los profesionales de la salud llevados a juicio penal por acciones o decisiones que forman parte de práctica médica. ¿Cómo es posible que se impute a los médicos de ser responsables de una acción criminal intencionada, contra un paciente en estado crítico que le condujo a la muerte?, cuya condición de riesgo vital era ¨in extremis¨ de acuerdo con la información recabada por los médicos tratantes, y que recibió una ponderada y continua atención, ajustada a las escasas posibilidades y expectativas de vida del enfermo, acciones que no podían ir más allá, por la magnitud del riesgo, a que un acto médico o quirúrgico específico pudiera conducirlo a una muerte inminente. Esta difícil valoración la realizamos cotidianamente en el ejercicio de la medicina operatoria (1) y con toda responsabilidad dejamos constancia escrita, junto a las recomendaciones correspondientes, con la certidumbre de ofrecerle al paciente lo mejor de nuestra valoración técnica y científica y nuestro juicio ético, orientados por los principios fundamentales de nuestra profesión: no hacerle daño al enfermo, procurar su bien y respetar su voluntad y autonomía. A los anteriores se agrega, el principio de justicia del que deriva la obligación de ofrecer al enfermo una adecuada atención y el derecho de éste de recibirla. Solo de esta manera cultivamos la dignidad de nuestra profesión, sobre una base de mutua confianza y respeto con el paciente, su familia y la sociedad.
¿Cómo pretende la Fiscalía invocar en este caso dolo?, concepto entendido en derecho como la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. En los actos jurídicos, el dolo implica la voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída. En derecho penal, el dolo significa la intención de cometer la acción típica prohibida por la ley. La Fiscalía deberá probar que los 5 colegas imputados tuvieron la voluntad deliberada de dañar al enfermo, de cometer homicidio. Esto es impensable y constituye un absurdo jurídico.
Nadie podría decir que el médico ejecuta dolosamente un acto de lesiones o de homicidio, cuando el paciente sufre algún daño, pues no persigue como meta lesionar la integridad corporal del paciente. Por ello, la responsabilidad penal del médico se encuadra dentro de los denominados delitos culposos, aquellos en que el daño se produce, debido a la inobservancia de la diligencia o cuidado requeridos.(2,3,4)
Le corresponde a la Federación Médica una oportuna y vigorosa declaración sobre los aspectos doctrinarios que rigen los deberes y responsabilidades de los médicos en Venezuela, contenidos en el Código de Deontología Médica,(2) en defensa de los intereses de los pacientes y de los médicos injustamente imputados y el reclamo contra los abusos de demandas de responsabilidad médica sin fundamento, promovidas desde los Poderes Públicos y otros grupos de interés, en las que seguramente influyen propósitos inconfesables.
Referencias:
1. Oletta L. José Félix, Aspectos bioéticos de la evaluación preoperatoria. en: Medicina Perioperatoria. Oletta Lópz J.F y López Gómez L.E. Edit.Caracas, Owelinh C.A. Caracas, 2000.pág. 223-227.
2. Federación Médica Venezolana. Código de Deontología Médica, CXXXIX reunión Extraordinaria de la Asamblea. 18-19 de octubre de 2003, Barquisimeto. Estado Lara.
3. Quintini Alizo G. Malpraxis en Medicina. En: Algunos aspectos éticos del ejercicio profesional. Imprenta Universitaria UCV, Caracas, Venezuela, 1977. 69-113.
4. León Cechini A. Malpraxis y Negligencia en Medicina. Ética en Medicina. Edit. Científico-Médica, Barcelona, España 1973. p: 157.
¿Cuál ha sido la posición de la Asociación Médica Mundial sobre el incremento de la criminalización de los actos médicos a nivel mundial, provocada por diferentes causas y variable de acuerdo a la región y país?
III. Declaración de la Asociación Médica Mundial, (AMM) sobre la Reforma de la responsabilidad médica
www.wma.net
Adoptada por la Asamblea General de la AMM, Santiago 2005.
1. En el mundo existe un aumento de la cultura del litigio que afecta de manera negativa la práctica de la medicina y la disponibilidad y calidad de los servicios de salud. Algunas asociaciones médicas nacionales informan sobre una crisis de responsabilidad médica en la que la práctica de pleitos produce un incremento de los costos de salud, lo que restringe el acceso a los servicios de salud y obstaculiza los esfuerzos por mejorar la seguridad del paciente y la calidad. En otros países, las demandas por responsabilidad médica no son tan numerosas, pero las asociaciones médicas nacionales de dichos países deben estar alertas frente a los problemas y consecuencias que puede producir un aumento en la frecuencia y gravedad de las demandas por responsabilidad médica contra los médicos.
2. Las demandas por responsabilidad médica han aumentado mucho los costos de salud, lo que ha desviado los escasos recursos de salud hacia el sistema legal y los ha alejado de la atención directa del paciente, la investigación y la formación del médico. La cultura del pleito también ha dificultado la distinción entre negligencia y resultados adversos inevitables, lo que produce con frecuencia una determinación aleatoria del nivel de atención. Esto ha contribuido a la percepción general de que cualquier persona puede demandar por casi cualquier cosa, con la idea de obtener un gran premio. Esta práctica engendra el cinismo y la desconfianza tanto en el sistema médico como en el legal con graves consecuencias para la relación médico-paciente.
3. Al adoptar esta declaración, la Asociación Médica Mundial hace un llamamiento urgente a todas las asociaciones médicas nacionales para exigir la creación de un sistema de justicia médica confiable en sus respectivos países. Los sistemas legales deben asegurar que los pacientes estén protegidos de las prácticas dañinas, los médicos estén protegidos de los juicios sin méritos y las determinaciones del nivel de atención sean consistentes y seguras, de modo que todas las partes sepan en qué contexto funcionan.
4. En esta declaración, la Asociación Médica Mundial desea informar a las asociaciones médicas nacionales sobre algunos de los hechos y problemas relacionados con las demandas por responsabilidad médica. Las leyes y los sistemas jurídicos en cada país, como las tradiciones sociales y condiciones económicas, influirán en la aplicación de ciertos elementos de esta declaración para cada asociación médica nacional, pero no disminuirán la importancia fundamental de esta declaración.
5. El aumento de la frecuencia y la gravedad de las demandas por responsabilidad médica puede ser el resultado, en parte, de una o más de las siguientes circunstancias:
1. El progreso en los conocimientos médicos y de la tecnología médica permite que los médicos logren proezas que eran imposibles en el pasado, pero estos logros implican riesgos importantes en muchos casos.
2. La presión ejercida en los médicos por organizaciones privadas de atención administrada o sistemas de salud manejados por gobiernos para limitar los costos de la atención médica.
3. La confusión entre el derecho a la atención médica, que es accesible, y el derecho a lograr y mantener la salud, que no se puede garantizar.
4. El papel que representa la prensa, al fomentar la desconfianza en los médicos y cuestionar su capacidad, conocimientos, conducta y control del paciente y al sugerir a éstos que presenten reclamos contra los médicos.
6. Se debe hacer una distinción entre el daño producido por la negligencia médica y el accidente desafortunado durante la atención médica y el tratamiento, sin que haya responsabilidad del médico.
1. La lesión causada por negligencia es el resultado directo de la falla del médico a la conformidad de las normas de la atención para el tratamiento de la condición del paciente, o la falta de conocimiento del médico al prestar atención al paciente.
2. Un accidente desafortunado es una lesión producida durante un tratamiento médico, que no fue el resultado de falta de conocimiento por parte del médico tratante, de la cual el médico no es responsable.
7. La indemnización de los pacientes víctimas de accidente médico debe ser determinada por sistemas diferentes si se trata de una demanda por responsabilidad médica o de un accidente desafortunado que ocurre durante la atención médica y el tratamiento, al menos que exista un sistema alternativo en marcha, como un sistema sin faltas o un sistema de solución alternativa.
1. En el caso de un accidente desafortunado sin responsabilidad del médico, cada país debe determinar si se debe indemnizar al paciente por el accidente y si es así, el origen de los fondos para cancelar dicha indemnización. Las condiciones económicas del país determinarán si existen dichos fondos de solidaridad para indemnizar al paciente, sin estar a expensas del médico.
2. Las leyes de cada nación deben prever los procedimientos necesarios a fin de establecer la responsabilidad de las demandas por responsabilidad médica y determinar la cantidad de la indemnización del paciente, en los casos en que se compruebe la negligencia.
8. Las asociaciones médicas nacionales deben considerar algunas o todas de las siguientes actividades, a fin de proporcionar un tratamiento equitativo y justo a pacientes y médicos:
1. Crear para el público, campañas de información sobre los riesgos inherentes a ciertos tratamientos médicos y cirugía avanzados; para los profesionales, programas de formación sobre la necesidad de obtener un consentimiento informado de los pacientes sobre dichos tratamientos y cirugía.
2. Implementar campañas de sensibilidad pública para mostrar los problemas en medicina y la prestación de atención médica, según la estricta necesidad del control de los costos.
3. Elevación del nivel y de la calidad de educación médica para todos los médicos, incluyendo el mejoramiento de la formación clínica.
4. Crear y participar en programas destinados a los médicos encargados de mejorar la calidad de la atención médica y de los tratamientos.
5. Implementar una política apropiada de formación para médicos que tienen conocimientos insuficientes, incluyendo una política de limitación del ejercicio profesional hasta que dichas insuficiencias sean corregidas.
6. Informar al público y al gobierno sobre el peligro del desarrollo de diferentes formas de medicina defensiva (aumento de atención o al contrario, abstención de médicos, desinterés de parte de médicos jóvenes por ciertas especialidades a alto riesgo o la renuencia de los médicos u hospitales a tratar pacientes con mayor riesgo).
7. Informar al público sobre la posibilidad de accidentes durante un tratamiento médico que no son negligencia del médico y crear procedimientos simples para que los pacientes reciban explicaciones en casos adversos y para ser informado de las medidas que se deben adoptar destinadas a obtener compensación, si existen.
8. Solicitar protección legal para los médicos cuando los pacientes sufren accidentes que no son resultado de negligencia médica y participar en las decisiones sobre la conveniencia de entregar compensaciones por pacientes afectados durante el tratamiento médico sin ninguna negligencia.
9. Participar en la formulación de leyes y procedimientos aplicables a las demandas por responsabilidad médica.
10. Oponerse firmemente a demandas poco serias y a cobros por contingencia de parte de los abogados.
11. Explorar procedimientos innovadores de resolución de pleitos para tratar las demandas por responsabilidad médica, como acuerdos entre las partes, en lugar de un proceso judicial.
12. Promover la idea de que los médicos se aseguren contra demandas por negligencia médica, cancelando el seguro el mismo médico o el empleador si el médico está empleado.
13. Promover la creación de sistemas voluntarios, confidenciales y protegidos legalmente para informar sobre accidentes desafortunados o errores médicos, con el fin de realizar un análisis y presentar recomendaciones destinadas a disminuir los accidentes desafortunados y mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención médica.
14. Manifestarse en contra de la creciente criminalización o responsabilidad penal de los actos médicos de parte de los tribunales.
